Choque de intereses en el debate por los biocombustibles
El tratamiento en el Congreso de la nueva ley enfrenta los intereses de las provincias azucareras con las cerealeras. El grupo de los exsecretarios de Energía pidió postergar el régimen actual por un año.
El Congreso discute por estas horas un nuevo régimen de promoción de los biocombustibles, con sensibles cambios frente al vigente, que vence el 12 de mayo. Éste, en cambio, estira la vida útil hasta el 31 de diciembre de 2006.
Después de 15 años, el biodiesel y el bioetanol perderían un lugar importante en la matriz energética. Claves en un momento como 2006 en que el petróleo iba rumbo a superar los USD 120 por barril y la soja andaba por los 300 dólares, los precios internacionales de las materias primas ahora se revirtieron.
Convencidos de que la soja y el maíz deben utilizarse para la exportación, el Gobierno salvará a la caña de azúcar, que no tiene mercados externos abiertos.
El biodiesel pasaría a un 5% de corte sobre gasoil, mientras que el bioetanol mantendrá el porcentaje en 12%. La norma otorga discrecionalidad a la Secretaría de Energía para reducir la mezcla en situaciones excepcionales.
Preso de lobbies cruzados entre el sector petrolero y las cerealeras, el tema tiene decenas de derivaciones que complicarán la usual unanimidad de posturas de los bloques partidarios.
El texto del proyecto que se debate actualmente en el Congreso y que tiene como cara visible al diputado Marcos Cleri otorga preferencia por los ingenios azucareros de Tucumán (provincia notablemente favorecida), Salta y Jujuy. Otras jurisdicciones como Córdoba y Santa Fe, donde predomina el maíz y la soja, se sienten perjudicadas.
Los Bojanich y los Pucciarello son dos apellidos claves. Al subdividir sus empresas en varias unidades de negocios, quedan categorizadas como pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y pueden concentrar el cupo que se otorga desde Energía.
Según un estudio del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPYS) que circuló durante los últimos meses, hay una batalla de casi USD 7500 millones.
Son los USD 6000 millones que el Estado dejó de recaudar desde 2006 por desgravar del impuesto a los combustibles la utilización del biodiesel (aceite que es subproducto de la soja) y el bioetanol (derivado del maíz o de la caña de azúcar), más los USD 1400 millones que el Tesoro se perdió de percibir mediante derechos de exportación (retenciones) por usar en el mercado interno lo que se podría haber vendido al exterior.
En la cuenta final, algunos asesores del Frente de Todos encontraron que la ecuación económica de este tiempo fue desfavorable para el uso de biodiesel sobre el gasoil, pero que la mezcla de bioetanol con naftas era útil.
Para las petroleras, los productores de maíz y soja deben exportar la materia prima o sus subproductos y liquidar sus dólares para fortalecer las reservas. Los defensores de los biocombustibles, en tanto, aducen que sus productos ayudan a reemplazar importaciones de nafta y gasoil que ordenan las refinerías.
Siempre escuchados en el sector, los ex secretarios de Energía Emilio Apud, Julio César Araoz, Alberto Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco pidieron prorrogar el régimen actual por un año hasta elaborar otra ley, con mayor discusión de distintos actores.
En un documento que publicaron, destacan que junto a Brasil e Indonesia, Argentina es líder en biocombustibles.
«Las exportaciones de biodiesel de algo más de un millón de toneladas en 2019 aportaron USD 775 millones, al tiempo de que promediaron más de USD 1100 millones los años anteriores», recordaron.
Finalmente, propusieron recalibrar el Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2) y crear un Fondo Compensador que permita atenuar los bruscos movimientos relativos de la materia prima.
Río Negro